TTDGAL - Subvención a municipios con características singulares relacionadas con un servicio de transporte de débil tráfico y puesta en marcha de transporte público a demanda. - GVA.ES

Los ayuntamientos quedarán obligados a: a) Presentar, dentro del plazo indicado, la documentación establecida en el artículo 6 del presente decreto ley. b) La contratación de los servicios de transporte a la demanda por los ayuntamientos, a titulares de autorizaciones de transporte público de viajeros que se encuentren inscritos en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte. c) Realizar las actuaciones siguientes: 1. Exigir a la empresa contratada para la realización del servicio la obtención de las autorizaciones administrativas que, en su caso, resulten exigibles, con independencia del número de plazas del vehículo en el que se produzca el transporte, según la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, la Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunitat Valenciana y demás normativa aplicable. En particular, cuando se trate de transportes interurbanos regulares de uso especial, estos deberán contar con la correspondiente autorización emitida por el servicio territorial de transporte de la provincia de que se trate. 2. En el caso de servicios regulares de uso especial, remitir a la conselleria competente en materia de transporte, con carácter previo al establecimiento del servicio de transporte a la demanda, una declaración responsable con indicación del trayecto, frecuencia y horario, del servicio subvencionado a efectos de comprobar que no es coincidente con los servicios prestados por el concesionario del servicio público de transporte de viajeros por carretera de uso general de la zona, si lo hubiera. En el caso de servicios discrecionales bastará la definición de las características básicas de los servicios a implantar, no siendo necesario el envío de una declaración responsable para cada uno de los servicios que sean prestados bajo esta modalidad. Esta declaración será comprobada por la conselleria competente en materia de transporte, que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles deberá pronunciarse respecto a la existencia de esas posibles coincidencias. En caso de ausencia de pronunciamiento, el silencio se entenderá positivo y por tanto favorable al establecimiento del servicio. d) Transcurridos dos años desde la entrada en vigor del presente decreto ley, en todo caso concluirán las actividades contempladas en el mismo, y los ayuntamientos quedarán obligados a presentar en el plazo de los tres meses siguientes a contar desde la fecha de finalización de la actividad realizada ante el departamento competente en materia de administración local, y por el trámite telemático habilitado al efecto, la totalidad de los gastos realizados mediante un certificado emitido por el personal funcionario competente con el visto bueno de la alcaldía-presidencia de la corporación local. Así mismo, deberá acompañarse de una memoria final descriptiva de las actuaciones realizadas. e) Transcurridos los dos años desde la entrada en vigor del presente decreto ley, se entenderá extinguido su objeto y los Ayuntamientos beneficiarios procederán al reintegro de la parte de la ayuda que no haya sido utilizada hasta ese momento. f) Someterse a las actuaciones de comprobación que, con respecto a la gestión de dichas ayudas, lleve a cabo el personal técnico competente en las materias objeto de estas ayudas, así como a las actuaciones de control financiero que realice la Intervención de la Generalitat y a los procedimientos fiscalizadores de la Sindicatura de Comptes. En todo caso corresponderá a la conselleria competente en materia de transporte llevar a cabo las actuaciones de control que considere convenientes para velar por el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de transportes, pudiendo solicitar en su caso la información complementaria a los municipios interesados.