Ayudas a entidades locales para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de las entidades locales correspondientes al Plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025. Convocatoria 2023 - GVA.ES

Gestión de la actuación por las entidades locales. - Requisitos de las personas beneficiarias. La entidad local destinará las ayudas concedidas para dotar de un alojamiento habitacional inmediato, en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 6.3 que se expone a continuación, a las personas físicas que, como beneficiarias finales, cumplan los siguientes requisitos: a) Ser especialmente vulnerables como personas: víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, desahuciadas de su vivienda habitual, sin hogar, asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal u otros estatutos de protección subsidiaria. Otras personas especialmente vulnerables, que ostenten dicha consideración según valoración individual emitida por los servicios sociales de la entidad local del lugar de residencia de la persona solicitante o unidad de convivencia beneficiaria en la que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda, tales como personas con problemas de salud mental, diversidad funcional, personas jóvenes extuteladas por la Generalitat, personas de avanzada edad, personas exreclusas, solicitantes de asilo, personas migrantes vulnerables, independientemente de su situación administrativa, personas que hayan devenido vulnerables por haber sido reducidos, dentro de los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda, los ingresos netos del conjunto de la unidad de convivencia de forma sustancial de forma que no superen 3 veces el IPREM y que el esfuerzo para el pago de la renta arrendaticia, incluidas las repercusiones autorizadas por la legislación aplicable, supere el 30 por cien de los ingresos netos de la mismas, y otras situaciones similares. b) La renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda, alojamiento o solución habitacional objeto del contrato de arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a los siguientes importes, según zona: ATPMS A-1: Valencia 770 €/mes ATPMS A-2: Alicante y Castellón de la Plana 680 €/mes ATPMS Resto 600 €/mes c) La persona arrendataria, cesionaria o titular del derecho de ocupación de la vivienda, o cualquiera de las que en ella tengan su domicilio habitual, no debe tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendadora o cesionaria de la vivienda, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas por los servicios sociales. Tampoco podrá ser ser socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora o cesionaria. d) No podrán ser beneficiarias aquellas personas o unidades de convivencia que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones. - Actuaciones subvencionadas. Las actuaciones subvencionadas se estructuran, en función de su financiación, de la siguiente forma: a) Actuaciones destinadas a poner a disposición de las personas víctimas de violencia de género, las personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables un alojamiento o solución habitacional inmediata. La entidad local podrá destinar las cantidades percibidas por este concepto para abonar cualquier gasto derivado del arrendamiento, derecho de uso o cualquier régimen de ocupación temporal del inmueble necesario para su puesta a disposición de los colectivos vulnerables mencionados. A estos efectos se considera solución habitacional la puesta a disposición de las beneficiarias de una vivienda de titularidad pública o privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios, accesibilidad y localización, para su disfrute, de forma individual o compartida, en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, respetando, en todo caso, los procedimientos de adjudicación de vivienda que tengan establecidos para los parques de vivienda de titularidad pública.Esta solución habitacional se hace extensible excepcional y provisionalmente, si se acredita que no es posible la puesta en disposición de una vivienda conforme a lo señalado en el apartado anterior, para cualquier alojamiento o dotación residencial, susceptible de solventar el problema habitacional de las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar o especialmente vulnerables. En todo caso se deberán salvaguardar los derechos constitucionales a la intimidad y a la libertad de tránsito de las personas alojadas. Se procurará que nadie viva en viviendas o soluciones habitacionales de emergencia o de transición más tiempo del necesario para su traslado exitoso a una vivienda o solución habitacional permanente. b) Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la concesión de una ayuda que podrá aplicarse para el pago del alquiler o del precio de ocupación de la vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias citadas, en los mismos regímenes. - Procedimiento de concesión Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, con la sola acreditación de la condición de persona víctima de violencia de género, de trata con fines de explotación sexual, de violencia sexual, del desahucio o lanzamiento - inminente o ya realizado - de la vivienda habitual, de persona sin hogar, asilada, refugiada, apátrida, acogida al régimen de protección temporal, u otros estatutos de protección subsidiaria, o de la condición de persona especialmente vulnerable acreditada por los servicios sociales. No será necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, siempre que exista consignación presupuestaria. - Cuantía de la ayuda La cuantía de la ayuda que se conceda por el ayuntamiento o entidad local se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria y de conformidad con el informe que, a estos efectos, se emita por los servicios sociales, dentro de los límites que se señalan a continuación: a) Podrá concederse una ayuda de hasta el 100 % de la renta o precio de la vivienda o solución habitacional a disfrutar en régimen de arrendamiento, cesión en uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho con un máximo, en todo caso, de la renta o precio de cesión establecido en el artículo 6, apartado 2. b). b) Podrá concederse otra ayuda de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet, con el límite del 100 % de dichos gastos. - Periodo subvencionable. Las ayudas que concedan las entidades locales para sufragar tanto la renta o precio de cesión u ocupación del inmueble como los gastos mencionados en el apartado anterior, lo serán por un plazo de 1 año, y podrán ser aplicados a los gastos devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. - Pago de las ayudas. El pago de las ayudas por las entidades locales a las personas beneficiarias se sujetará a las normas comunes que se establezcan por la entidad local de acuerdo con los siguientes criterios: 1º. El pago correspondiente a la ayuda concedida se realizará previa justificación del gasto, si bien podrá anticiparse el pago de hasta un 100% del importe total de la ayuda en el momento de su concesión. 2º. Será justificación tanto del pago como del destino de los fondos, la transferencia realizada, recibo bancario domiciliado o ingreso en efectivo en la cuenta de la persona física o jurídica titular de la actividad económica o del inmueble sobre la que recaiga el contrato de arrendamiento, de cesión temporal o de ocupación suscrito. En el documento acreditativo de pago deberá constar expresamente: a) La identificación completa de las personas que realizan y reciben el pago, debiendo coincidir, en todo caso, quien lo recibe con la persona titular del contrato de arrendamiento u ocupación del inmueble y quien lo realiza con la persona beneficiaria o perceptora de la ayuda, salvo casos objeto de órdenes de protección que incluyan la anonimización de la víctima del delito. b) El importe de la renta de alquiler de la vivienda, precio de cesión o del precio de ocupación del inmueble, y c) El concepto por el que se realiza, con indicación del mes o periodo al que corresponde. 3º. Si la persona beneficiaria de la ayuda no justifica que las ayudas percibidas han sido destinadas al pago de las rentas de alquiler de vivienda, del precio de cesión u ocupación del inmueble, no se realizará ningún pago más, procediéndose a la revocación de la ayuda y consiguiente pérdida de derecho al cobro de la cuantía que reste, así como al inicio de expediente de reintegro por el importe de las ayudas concedidas y cuyo destino no ha sido justificado con los intereses legales correspondientes. 4º. La ayuda podrá ser abonada a) Directamente a las propias personas beneficiarias de las ayudas. b) A las personas física o jurídica arrendadora de la vivienda para su directa aplicación al pago del alquiler mediante el correspondiente descuento y por cuenta de la persona arrendataria, cesionaria o titular del derecho de ocupación. - Compatibilidad de las ayudas Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la limitación de no sumar mayor importe que la renta de arrendamiento o precio de cesión de uso u ocupación y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras ayudas, especialmente para el caso de los gastos de acceso a internet con las reguladas en el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, estas ayudas serán compatibles con el resto de ayudas al alquiler del programa de alquiler de vivienda establecidas en el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, regulado en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero que pudiera percibir la persona arrendataria por tratarse de beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100 % del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite. - Exención de requisitos De conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria novena de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la redacción dada por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, podrán conceder y pagarse por las administraciones públicas ayudas para el pago de alquileres de vivienda cuando concurran razones de carácter público, social o humanitario, acreditadas mediante informe favorable de los servicios sociales municipales, a personas o unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional, aun cuando el titular del contrato o miembros de la unidad de convivencia no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social o tengan la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro. Igualmente, y en tales supuestos, las personas beneficiarias de las subvenciones podrán ser perceptoras de cantidades a cuenta aun cuando no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social, tengan la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro o se encuentren incursas en alguna de las situaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 171.3 de la Ley 1/2015.