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El Consell y el Ministerio del Interior colaboran para el cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad en recursos sociales

- Las personas penadas podrán realizar actividades de utilidad pública en centros y recursos dependientes de la Conselleria de Igualdad
- La Conselleria se encargará de impartir los conocimientos y el material necesario para que los penados puedan realizar determinadas tareas

(17/01/2020) - Las personas penadas podrán realizar actividades de utilidad pública en centros y recursos dependientes de la Conselleria de Igualdad
- La Conselleria se encargará de impartir los conocimientos y el material necesario para que los penados puedan realizar determinadas tareas



El Pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, para que el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad pueda realizarse en recursos del ámbito competencial de la Conselleria de Igualdad en la Comunitat Valenciana.

El convenio establece la colaboración entre ambas instituciones para que las personas condenadas a penas de estas características puedan realizar determinadas actividades de utilidad pública en centros y servicios del área de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El acuerdo determina las obligaciones por parte de la conselleria que deberá facilitar un número de plazas a las personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad. También deberá impartir los conocimientos necesarios para que la actividad la puedan realizar de manera eficaz, así como facilitar el material necesario para la realización de la labor encomendada.

Por su parte, el Ministerio del Interior asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por días de prestación efectiva del trabajo desarrollado, así como la gestión, coordinación y seguimiento de la pena.

Se trata de un acuerdo entre ambas instituciones interesadas en colaborar para conseguir los objetivos marcados en la Constitución y en las leyes en relación con las personas penadas con trabajos en beneficio de la comunidad.


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